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¿Adiós a la Apostilla en la Unión Europea?

Desde el 16 de febrero de 2019 es aplicable el Reglamento 2016/1911 del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de julio de 2016, que facilita la libre circulación de los ciudadanos simplificando los requisitos de presentación de determinados documentos públicos en la Unión Europea.

Dicho Reglamento simplifica los requisitos que existían para que un documento público de un Estado Miembro tuviera efecto en otro. Específicamente:

  • Ya no es necesaria la Apostilla de la Haya, que implicaba un trámite de legalización de los documentos.
  • Existirán para determinados documentos unos formularios multilingües, que evitarán tener que hacer traducciones.
  • Se deberán aceptar copias certificadas.

Esta simplificación de trámites, y el que no haga falta la Apostilla de la Haya, no afecta a todos los documentos, sino solamente a los que se refieren a las siguientes materias:

  • Nacimiento y Defunción
  • Nombre
  • Que una persona esté viva
  • Matrimonio, estado civil, divorcio y uniones de hecho
  • Filiación y adopción
  • Domicilio / residencia
  • Nacionalidad
  • Ausencia de antecedentes penales
  • Derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales y en las elecciones al Parlamento

Por lo que parece que para trámites mercantiles la Apostilla de la Haya sigue siendo necesaria.

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DIVIDENDOS PARA EL SOCIO MINORITARIO

En SIGMA LEGAL hoy os vamos a hablar del artículo 348 bis de la Ley de Sociedad de Capitales que permite al socio minoritario separarse de la sociedad en el supuesto en que no se repartan dividendos.

Es un artículo interesante considerándose que, aunque se aprobó en el año 2011, no entró en vigor hasta el año 2017 y se ha vuelto a modificar en diciembre de 2018.

Es una regulación que protege al socio minoritario y que establece que, en determinadas circunstancias, éste tiene derecho a percibir unos dividendos y sino los recibe a que la sociedad le compre su participación.

Con la nueva regulación se han introducido más requisitos para que se pueda ejercitar el derecho de separación, y se puede excluir y modificar este derecho por acuerdo unánime de los socios.

Anteriormente este derecho se suprimía en sociedades cotizadas y con la nueva regulación de igual forma este derecho no se puede ejercitar en sociedades en concurso o situaciones análogas ni en sociedades anónimas deportivas.

En la actualidad para poder ejercitar el derecho de separación se deben cumplir con los siguientes requisitos:

  • La sociedad tiene que haber estado operativa durante cinco años
  • Que no se distribuyan dividendos de al menos un 25% de los beneficios
  • Que el socio minoritario haga constar su protesta
  • Que no se hayan distribuido dividendos en los últimos cinco años que equivalgan al 25% de los beneficios.

El plazo para ejercitar este derecho es de un mes desde la fecha en la que se hubiere celebrado la Junta General Ordinaria de Socios.

 

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NUEVA LEY DE PPDD LABORAL

 

El pasado día 5 de diciembre se aprobó la Ley Orgánica 3/2018, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.

Esta Ley, en sus artículos del 87 al 90, introduce una serie de novedades en materia de protección de datos de los trabajadores que, si bien, algunas de ellas venían siendo reconocidos por nuestros Tribunales en sus Sentencias, no estaban recogidos en la normativa laboral.

Los artículos 87 y 89 recogen la doctrina ya establecida por nuestros tribunales del orden social en los últimos años en referencia al uso de los dispositivos propiedad del empresario puestos a disposición del trabajador y acerca del uso de las cámaras de videovigilancia en el lugar de trabajo.

Se recoge en el artículo 87 el control de los dispositivos electrónicos propiedad del empresario puestos a disposición del trabajador por éste para la realización de su trabajo, estableciendo que dicho control deberá tener como única finalidad el cumplimiento de las obligaciones laborales así como el mantenimiento de dichos dispositivos. Como ha venido estableciendo la jurisprudencia en los últimos años, el empresario podrá establecer los criterios de uso de estos dispositivos que deberán contar con la participación de los representantes de los trabajadores y tendrán que ser conocidos por los propios trabajadores.

El artículo 89 se recoge la obligación de los empresarios de informar a los trabajadores acerca de existencia de cámaras, regulando su uso para aquellos casos en los que sea necesario para la seguridad del centro o de las personas y bienes que se encuentren en él, prohibiendo de manera expresa la grabación en lugares de descanso como vestuarios, aseos, comedores, etc

Introduce el artículo 88 una novedad legislativa cual es el derecho de los trabajadores a la desconexión digital fuera de su horario de trabajo, cuyo fin es la mejora de la conciliación de la vida familiar y laboral y cuyas particularidades deberán ser recogidas en el Convenio colectivo de aplicación o, en su defecto, mediante acuerdo entre el empresario y los trabajadores. Establece la Ley orgánica, la necesidad de elaborar una política interna que regule la citada desconexión para todos los trabajadores.

Finalmente el artículo 90 regula el uso de geolocalizadores para el control de los trabajadores recogiendo la obligación de informar a los trabajadores y sus representantes.

 

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NOVEDADES EN MATERIA DE VIVIENDA Y ALQUILER

SIGMA LEGAL os resume las novedades más relevantes introducidas por el Real Decreto-Ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler que entra en vigor hoy.

  • Se amplía a cinco años la duración del contrato de arrendamiento y a siete en el supuesto que el arrendador sea una persona jurídica.
  • La prórroga tácita del contrato es por tres años en lugar de uno.
  • La garantía adicional del contrato no podrá superar dos mensualidades de renta, salvo contratos de larga duración (superiores a los cinco años o siete- si el arrendador es persona jurídica-).
  • Los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización de contrato serán a cargo del arrendador en el supuesto en que éste sea persona jurídica, salvo aquellos servicios contratados directamente por el arrendatario.
  • Se establece un sistema en los procedimientos de desahucio para que se suspenda el procedimiento mientras se adoptan medidas y el demandado pueda acudir a los servicios sociales en caso de estar en situación de vulnerabilidad.
  • Hay diversas modificaciones para facilitar las obras de mejora de la accesibilidad en las comunidades de propietarios.
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