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ERTE POR FUERZA MAYOR (CORONAVIRUS)

SUSPENSIÓN DE CONTRATOS POR FUERZA MAYOR

 El Estatuto de los Trabajadores en su artículo 47 apartado 3 contempla la posibilidad de efectuar una suspensión de los contratos de trabajo cuando concurra causa de fuerza mayor.

Por fuerza mayor se entiende un hecho externo al círculo de la empresa, independiente de la voluntad del empresario y, como tal, desconectado con el área de actuación de la empresa.

En el supuesto de las escuelas de educación infantil de 0 a 3 años, el hecho o evento externo a nuestro círculo e independiente de la voluntad de la empresa es la situación de emergencia planteada por la incidencia del Virus COVID-19 y la Resolución conjunta de las Viceconsejerías de política educativa y de organización educativa sobre instrucciones de funcionamiento de los centros educativos.

En dicha resolución se indica que a partir del día 11 de marzo de 2020, las escuelas de educación infantil permanecerán cerradas quedando los educadores y personal docente excluidos de la obligación de asistir a los puestos de trabajo.

Ante esta situación se puede tramitar un expediente de regulación de empleo temporal de suspensión de contratos ante la Consejería de Economía, Empleo y competitividad de la Comunidad de Madrid, Consejería que pertenece a la Dirección General de Trabajo.

El procedimiento a seguir es el siguiente:

En primer lugar, debe reunirse a los representantes de los trabajadores, si los hubiera y, en caso de no tener representación legal, a los trabajadores del centro y comunicarles la necesidad urgente de suspender sus contratos de trabajo al amparo de los establecido en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores, siendo la única causa de esta medida la resolución de la autoridad gubernativa mediante la que se cierran las escuelas. De esta reunión es necesario levantar un acta que firmen todos los asistentes, acreditando que los trabajadores han sido informados.

Posteriormente a esta reunión, ese mismo día se presentará por medios telemáticos en el caso de tratarse de personas jurídicas:

  • Solicitud de suspensión
  • Documentación que acredita y justifica esta medida, que es la resolución de la Consejería a la que venimos haciendo
  • Acta en que se comunica a los trabajadores las medidas a

De esta solicitud entregada a la autoridad laboral se dará copia a los trabajadores.

La autoridad laboral únicamente constatará la existencia de la causa de fuerza de mayor, recabará informe preceptivo de la Inspección de Trabajo y dictará la Resolución del expediente en el plazo de 5 días desde su presentación.

La fecha de efectos de la suspensión será la del Hecho causante de la fuerza mayor que, de acuerdo con la Resolución de la Consejería, es hoy, día 11 de marzo de 2020, si bien no podrá aplicarse hasta que haya sido aprobado por la Autoridad laboral, momento en que podrá aplicarse con efectos retroactivos a la fecha indicada.

La suspensión temporal de contratos implica que la Empresa mantiene de alta a los trabajadores, se encuentra exonerada de abonar el salario durante el periodo de la suspensión, sin embargo, debe continuar cotizando por los trabajadores la parte correspondiente a la cuota empresarial.

En los supuestos de suspensión de contratos por fuerza mayor aquellas empresas que se encuentren al corriente de pagos en la Seguridad Social y se comprometan a mantener el empleo de todos los trabajadores afectados durante el año siguiente a la suspensión, podrán solicitar de la Tesorería General de la Seguridad Social la bonificación de hasta el 100 por cien de la cuota empresarial por desempleo.

Los trabajadores durante este periodo se encuentran en situación legal de desempleo, pudiendo solicitar el abono de la prestación.

Para ello, la empresa deberá comunicar a la Seguridad Social como a la entidad gestora de las prestaciones (SEPE) los datos de la empresa, los datos de los centros afectados por la medida, la causa que motiva dicha medida, relación nominal de los trabajadores afectados, con la fecha de inicio de la suspensión.

Las medidas recogidas en el presente acuerdo son las que actualmente ampara nuestra normativa ordinaria, siendo muy posible que a lo largo de los próximos días se aprueben medidas extraordinarias aplicables a la situación actual de las que os tendremos oportunamente informados.

Madrid, 11 de marzo de 2020

SIGMA LEGAL
C/ Apolonio Morales 13b, 28036 Madrid, Spain.
Para mayor información: info@sigmalegal.es

 

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¿Cuándo no debo pagar plusvalía?

 

 

La plusvalía es un impuesto municipal que grava el incremento de valor de los terrenos urbanos cuando se procede a vender un inmueble, aunque se calcula considerando el valor del suelo en el momento de la transmisión. En definitiva, se calcula sin considerar si efectivamente al vender el inmueble el contribuyente ha obtenido una ganancia o no.

Por ello ha existido una amplia litigiosidad en relación con este asunto y diversas cuestiones de inconstitucionalidad y recursos de amparo, alguno de ellos resuelto recientemente y de ahí que se vuelva hablar de la plusvalía.

En la actualidad, y aún existiendo pendiente de resolución alguna cuestión de inconstitucionalidad, lo que es claro es que no se debe pagar plusvalía o se puede reclamar la abonada (siempre y cuando no hayan transcurrido cuatro años) en los siguientes supuestos:

1.- No se haya obtenido una ganancia al vender el inmueble.

2.- La ganancia obtenida en la venta del inmueble sea inferior a los impuestos que deba pagar el contribuyente por plusvalía e IRPF.

Existen otros supuestos en los que se podría intentar reclamar (por ejemplo, si los impuestos que se deben pagar superan en más de un 60% el beneficio obtenido por la venta del inmueble), pero hemos querido ceñirnos en indicar aquellos en los que con total seguridad se obtiene un pronunciamiento favorable.

 

Sigma Legal, S.L.P.

C/ Apolonio Morales 13b

28036 Madrid

91.3102301/info@sigmalegal.es

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NUEVA LEY HIPOTECARIA

Seguidamente se exponen las principales novedades que trae consigo la entrada en vigor de la nueva Ley Hipotecaria, valoradas desde un punto de vista del consumidor y puestas en relación con la concesión de hipotecas:

1.- El cliente habrá de disponer de su contrato con un mínimo de diez días antes de la firma, a fin de poder analizarlo y resolver las dudas o discrepancias que puedan surgir.

2.- El cliente tendrá que acudir al notario un mínimo de dos veces. Una, sin la entidad, para realizar cualquier pregunta que le surja. Y, la segunda, para ya firmar el préstamo hipotecario. A fin de garantizar que se conoce con detalle el contrato, el cliente tendrá que responder a un cuestionario.

3.- En cuanto a los gastos, el cliente solo pagará la tasación. El resto de los gastos serán abonados por la banca (gestoría, IAJD Notaría y los gastos del registro).

4.- Quedan prohibidas las cláusulas suelo.

5.- En cuanto a los productos vinculados, tales como seguros de vida o de hogar, queda prohibida su imposición y de hecho los bancos tendrán la obligación de mostrar al cliente el coste total de su préstamo sin estos productos, aunque también podrá darle un segundo presupuesto con ellos, quedando el cliente absolutamente libre para poder contratar dichos productos con una tercera entidad sin que esta opción pueda suponer un encarecimiento del préstamo hipotecario para el consumidor.

6.- En caso de pactarse una comisión de apertura, la misma se devengará una sola vez y englobará la totalidad de los gastos de estudio, tramitación o concesión del préstamo u otros similares inherentes a la actividad prestamista ocasionada por la concesión del préstamo. En el caso de créditos denominados en divisas, la comisión de apertura incluirá, asimismo, cualquier comisión por cambio de moneda.

7.- Con la nueva regulación el cliente también podrá subrogar sin costes y libremente su hipoteca anterior, admitiéndose incluso que pueda cambiar las condiciones de su anterior hipoteca sin que la entidad le cobre ninguna comisión por novación.

8.- En cuanto a la posibilidad de amortización anticipada bajan a la mitad las comisiones para hipotecas de tipo fijo (2% durante los 10 primeros años y 1,5% después). En el caso de hipotecas con interés variable el cliente deberá elegir el tipo de amortización a tres o cinco años (comisiones del 0,25% o del 0,15% respectivamente).

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NOVEDADES DE ARRENDAMIENTO

SIGMA LEGAL os resume las novedades más relevantes introducidas por el Real Decreto-Ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler que entró en vigor el 6 de marzo, en el ámbito de los contratos de arrendamiento de vivienda:

  • La regulación de arrendamiento de viviendas de más de 300 metros cuadrados o con una renta superior en más de 5,5 el salario mínimo interprofesional se regirá por lo pactado por las partes.
  • Se excluye del ámbito de la ley las viviendas arrendadas con fines turísticos.
  • Se suprime que para que el arrendamiento tenga efectos frente a terceros tenga que estar inscrito en el Registro de la Propiedad. De esta forma en caso de enajenación de la vivienda arrendada, el adquirente queda subrogado en los derechos y obligaciones del arrendador hasta que finalice la duración mínima del contrato.
  • Se amplía a cinco años la duración del contrato de arrendamiento y a siete en el supuesto que el arrendador sea una persona jurídica.
  • Se establece un límite en el aumento de la renta.
  • Se establece que el importe de la garantía adicional a la fianza no puede exceder de dos meses.
  • Los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización de contrato serán a cargo del arrendador en el supuesto en que éste sea persona jurídica.
  • Inclusión de un posible derecho de tanteo y retracto a favor de un órgano que designe la administración competente en materia de vivienda cuando se vendan varios inmuebles en un edificio.

A continuación, os podéis descargar un modelo de contrato de arrendamiento de vivienda adaptado a este nuevo real decreto.

 

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LEY DE SECRETOS EMPRESARIALES

Cómo ya adelantamos en la Newsletter de SIGMA LEGAL, S.L.P. de febrero, el mes pasado se publicó la Ley 1/2019, de 20 de febrero de Secretos empresariales que ha entrado en vigor el pasado 13 de marzo de 2019.

Aprovechamos este post para contaros en más detalle el porqué de esta norma y para qué puede servir.

Es la primera vez que se dedica una Ley a los denominados secretos empresariales, cada vez de mayor importancia en el mercado y base para la innovación de las empresas. Hasta la existencia de esta Ley de secretos empresariales, sólo existía una protección a los mismos en el artículo 13 de la Ley de Competencia Desleal.

La ley, que transpone una directiva europea, protege los conocimientos técnicos -científicos, datos relativos a clientes y proveedores, planes comerciales y estudios y estrategias de mercado que puedan tener un valor significativo para las empresas.

Para que se consideren secretos empresariales y tengan la protección prevista legalmente es necesario que la empresa adopte una serie de medidas para proteger los mismos. De igual forma se recoge la posibilidad de transmitir o licenciar secretos empresariales y que exista más de un titular de éstos.

En el supuesto que se infrinja un secreto empresarial, se puede iniciar una acción judicial en la que se puede solicitar que, i) se declare que ha existido una violación del secreto, ii) que se cese en esa violación, iii) se prohíba comercializar mercancías que violen el secreto y se incauten las mismas, iv) la entrega de ficheros o documentos que contengan el secreto y se puedan estar utilizando, v) la atribución en propiedad de las mercancías infractoras, vi) la indemnización de daños y perjuicios y vii) la publicación parcial o total de la sentencia.

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