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ERTE POR FUERZA MAYOR (CORONAVIRUS)

SUSPENSIÓN DE CONTRATOS POR FUERZA MAYOR

 El Estatuto de los Trabajadores en su artículo 47 apartado 3 contempla la posibilidad de efectuar una suspensión de los contratos de trabajo cuando concurra causa de fuerza mayor.

Por fuerza mayor se entiende un hecho externo al círculo de la empresa, independiente de la voluntad del empresario y, como tal, desconectado con el área de actuación de la empresa.

En el supuesto de las escuelas de educación infantil de 0 a 3 años, el hecho o evento externo a nuestro círculo e independiente de la voluntad de la empresa es la situación de emergencia planteada por la incidencia del Virus COVID-19 y la Resolución conjunta de las Viceconsejerías de política educativa y de organización educativa sobre instrucciones de funcionamiento de los centros educativos.

En dicha resolución se indica que a partir del día 11 de marzo de 2020, las escuelas de educación infantil permanecerán cerradas quedando los educadores y personal docente excluidos de la obligación de asistir a los puestos de trabajo.

Ante esta situación se puede tramitar un expediente de regulación de empleo temporal de suspensión de contratos ante la Consejería de Economía, Empleo y competitividad de la Comunidad de Madrid, Consejería que pertenece a la Dirección General de Trabajo.

El procedimiento a seguir es el siguiente:

En primer lugar, debe reunirse a los representantes de los trabajadores, si los hubiera y, en caso de no tener representación legal, a los trabajadores del centro y comunicarles la necesidad urgente de suspender sus contratos de trabajo al amparo de los establecido en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores, siendo la única causa de esta medida la resolución de la autoridad gubernativa mediante la que se cierran las escuelas. De esta reunión es necesario levantar un acta que firmen todos los asistentes, acreditando que los trabajadores han sido informados.

Posteriormente a esta reunión, ese mismo día se presentará por medios telemáticos en el caso de tratarse de personas jurídicas:

  • Solicitud de suspensión
  • Documentación que acredita y justifica esta medida, que es la resolución de la Consejería a la que venimos haciendo
  • Acta en que se comunica a los trabajadores las medidas a

De esta solicitud entregada a la autoridad laboral se dará copia a los trabajadores.

La autoridad laboral únicamente constatará la existencia de la causa de fuerza de mayor, recabará informe preceptivo de la Inspección de Trabajo y dictará la Resolución del expediente en el plazo de 5 días desde su presentación.

La fecha de efectos de la suspensión será la del Hecho causante de la fuerza mayor que, de acuerdo con la Resolución de la Consejería, es hoy, día 11 de marzo de 2020, si bien no podrá aplicarse hasta que haya sido aprobado por la Autoridad laboral, momento en que podrá aplicarse con efectos retroactivos a la fecha indicada.

La suspensión temporal de contratos implica que la Empresa mantiene de alta a los trabajadores, se encuentra exonerada de abonar el salario durante el periodo de la suspensión, sin embargo, debe continuar cotizando por los trabajadores la parte correspondiente a la cuota empresarial.

En los supuestos de suspensión de contratos por fuerza mayor aquellas empresas que se encuentren al corriente de pagos en la Seguridad Social y se comprometan a mantener el empleo de todos los trabajadores afectados durante el año siguiente a la suspensión, podrán solicitar de la Tesorería General de la Seguridad Social la bonificación de hasta el 100 por cien de la cuota empresarial por desempleo.

Los trabajadores durante este periodo se encuentran en situación legal de desempleo, pudiendo solicitar el abono de la prestación.

Para ello, la empresa deberá comunicar a la Seguridad Social como a la entidad gestora de las prestaciones (SEPE) los datos de la empresa, los datos de los centros afectados por la medida, la causa que motiva dicha medida, relación nominal de los trabajadores afectados, con la fecha de inicio de la suspensión.

Las medidas recogidas en el presente acuerdo son las que actualmente ampara nuestra normativa ordinaria, siendo muy posible que a lo largo de los próximos días se aprueben medidas extraordinarias aplicables a la situación actual de las que os tendremos oportunamente informados.

Madrid, 11 de marzo de 2020

SIGMA LEGAL
C/ Apolonio Morales 13b, 28036 Madrid, Spain.
Para mayor información: info@sigmalegal.es

 

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¿Cuándo no debo pagar plusvalía?

 

 

La plusvalía es un impuesto municipal que grava el incremento de valor de los terrenos urbanos cuando se procede a vender un inmueble, aunque se calcula considerando el valor del suelo en el momento de la transmisión. En definitiva, se calcula sin considerar si efectivamente al vender el inmueble el contribuyente ha obtenido una ganancia o no.

Por ello ha existido una amplia litigiosidad en relación con este asunto y diversas cuestiones de inconstitucionalidad y recursos de amparo, alguno de ellos resuelto recientemente y de ahí que se vuelva hablar de la plusvalía.

En la actualidad, y aún existiendo pendiente de resolución alguna cuestión de inconstitucionalidad, lo que es claro es que no se debe pagar plusvalía o se puede reclamar la abonada (siempre y cuando no hayan transcurrido cuatro años) en los siguientes supuestos:

1.- No se haya obtenido una ganancia al vender el inmueble.

2.- La ganancia obtenida en la venta del inmueble sea inferior a los impuestos que deba pagar el contribuyente por plusvalía e IRPF.

Existen otros supuestos en los que se podría intentar reclamar (por ejemplo, si los impuestos que se deben pagar superan en más de un 60% el beneficio obtenido por la venta del inmueble), pero hemos querido ceñirnos en indicar aquellos en los que con total seguridad se obtiene un pronunciamiento favorable.

 

Sigma Legal, S.L.P.

C/ Apolonio Morales 13b

28036 Madrid

91.3102301/info@sigmalegal.es

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NOVEDADES DE ARRENDAMIENTO

SIGMA LEGAL os resume las novedades más relevantes introducidas por el Real Decreto-Ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler que entró en vigor el 6 de marzo, en el ámbito de los contratos de arrendamiento de vivienda:

  • La regulación de arrendamiento de viviendas de más de 300 metros cuadrados o con una renta superior en más de 5,5 el salario mínimo interprofesional se regirá por lo pactado por las partes.
  • Se excluye del ámbito de la ley las viviendas arrendadas con fines turísticos.
  • Se suprime que para que el arrendamiento tenga efectos frente a terceros tenga que estar inscrito en el Registro de la Propiedad. De esta forma en caso de enajenación de la vivienda arrendada, el adquirente queda subrogado en los derechos y obligaciones del arrendador hasta que finalice la duración mínima del contrato.
  • Se amplía a cinco años la duración del contrato de arrendamiento y a siete en el supuesto que el arrendador sea una persona jurídica.
  • Se establece un límite en el aumento de la renta.
  • Se establece que el importe de la garantía adicional a la fianza no puede exceder de dos meses.
  • Los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización de contrato serán a cargo del arrendador en el supuesto en que éste sea persona jurídica.
  • Inclusión de un posible derecho de tanteo y retracto a favor de un órgano que designe la administración competente en materia de vivienda cuando se vendan varios inmuebles en un edificio.

A continuación, os podéis descargar un modelo de contrato de arrendamiento de vivienda adaptado a este nuevo real decreto.

 

DESCARGAR ARCHIVO

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Victoria de Sigma Legal en un caso de estafa a una empresa inglesa

Con gran satisfacción hemos recibido la noticia de la Sentencia dictada por la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Zaragoza, de fecha 29 de octubre de 2018, por la que se resuelve condenar al querellado – nuestro contrario -, por un delito de estafa, a la pena privativa de libertad de un año y seis meses de multa, con una cuota diaria de 8 €, además de a indemnizar a nuestro cliente de nacionalidad inglesa GLOBAL WORLD SOURCING LTD con el pago de 124.000€ más sus intereses legales

La Sentencia considera totalmente acreditados los hechos objeto del litigio. Se refiere al hecho de que el acusado constituyera una apariencia de solvencia en cuanto a la fabricación y suministro de pellets de madera, habiendo conseguido que la empresa inglesa le anticipara un 30% del pedido que se le hizo, sin que ninguna de las excusas que dio para justificar la cancelación del pedido y el hecho de haberse quedado con el dinero hayan resultado acreditadas a juicio de la Sala. En consecuencia considera probada la existencia de un engaño suficiente como para provocar el desplazamiento patrimonial que tuvo lugar, sin que por parte del acusado existiera nunca ni la intención ni la capacidad de atender el pedido que se le había hecho.

Con este fallo se acoge la que fue nuestra estrategia desde un principio, allá por el año 2015, y que nos llevó a descartar la vía civil y a inclinarnos por la vía penal, al entender que existían indicios más que suficientes de la existencia de un ilícito penal, confirmando de esta forma lo importante que es la elección de una adecuada estrategia jurídica.
Lo conseguido por SIGMA LEGAL tiene aun más valor por haber servido para depurar junto con la responsabilidad penal la civil, evitando el mayor tiempo que se habría invertido en el orden civil y sobre todo la segura insolvencia sobrevenida del acusado. Con esta condena, una vez sea firme, las opciones de tener que ingresar en prisión, si no hace frente a las responsabilidades pecuniarias que se le han impuesto, son ciertas y viables, sobre todo al amparo de la denominada doctrina Pantoja, que como es por todos conocidos acabó con la tonadillera en prisión por no satisfacer el importe de dichas responsabilidades.

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